LEY 42 DE 1923

(julio 19)

 

sobre reorganización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría.

 

Nota 1: Derogada por la Ley 42 de 1993, artículo 110

 

Nota 2: Reglamentada parcialmente por el Decreto 2886 de 1981.

 

Nota 3: Citada en la Revista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 44. No. 120. El control fiscal y su ajuste dentro del Estado Social de Derecho. Marlon Iván Maldonado Narváez.

 

El Congreso de Colombia

 

DECRETA:

 

CAPÍTULO I

 

Organización del Departamento de Contraloría.

 

Artículo 1. Créase como servicio nacional administrativo el Departamento de Contraloría, el cual será independiente de los demás departamentos administrativos. El Gobierno dictará en cada caso los decretos reglamentarios pertinentes.

 

Artículo 2. El Departamento de Contraloría estará a cargo de un funcionario denominado Contralor General de la República, y de un ayudante denominado Auditor General, quienes serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, con la aprobación de la Cámara de Representantes, y devengarán salarios no inferiores a seis mil pesos ($6.000) y cuatro mil pesos ($4.000) anuales, respectivamente.

 

Artículo 3. El Contralor General será el Jefe del Departamento de Contraloría. El Auditor General desempeñará todas las funciones que le asigne el Contralor General, y reemplazará a éste en los casos de falta temporal o accidental y en los casos de falta absoluta mientras se llena la vacante.

 

Artículo 4. El Contralor General y el Auditor General durarán en sus funciones por un período de cuatro años, pero el período de los dos primeros que se nombren se expedirá el 30 de junio de 1927. de allí en adelante la fecha inicial del período será el 1 de julio. Dichos funcionarios podrán ser reelegidos.

 

Artículo 5. El Departamento de Contraloría tendrá un Oficial Mayor, un Contador en Jefe y los Auditores Seccionales y demás funcionarios y dependientes que sean necesarios para el desempeño de las funciones del Departamento. Tales empleados serán de libre nombramiento y remoción del Contralor General. El número y las asignaciones de estos empleados serán fijados por el Congreso.

 

CAPÍTULO II

 

Competencia del Contralor General.

 

Artículo 6. El Contralor General tendrá competencia exclusiva en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, pagar y custodiar fondos o bienes de la Nación, en lo relativo al examen y revisión de todas las deudas y reclamaciones, de cualquier naturaleza, a cargo o a favor de la República, derivados de la administración activa y pasiva del Tesoro Nacional, y en todos los asuntos relacionados con los métodos de contabilidad y con la manera de llevar las cuentas de la Nación, la conservación de los comprobantes y el examen e inspección de los libros, registros y documentos referentes a dichas cuentas. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que los empleados administrativos puedan exigir a sus subalternos los informes y cuentas que a bien tengan y para hacerlas las observaciones que estimen conducentes al buen servicio. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 7. Toda decisión del Contralor o del Auditor Seccional, tomada dentro de sus respectivas facultades, será obligatoria par todos los empleados y funcionarios administrativos a que ella se refiera; pero podrá apelarse de tal decisión por el que se crea agraviado con ella, dentro de un mes, contado desde la notificación de la providencia recurrirá, ante el Consejo de Estado, si se tratare de una decisión del Contralor General, y ante éste, si la decisión proviniere del Auditor Seccional.

 

Artículo 8. Todas las apelaciones se harán por escrito, y en ellas se expresarán la resolución apelada y las razones legales y de otro orden en que se apoye el recurso, al que deben acompañarse al mismo tiempo todos los documentos del caso.

Las entidades que deben conocer de estas apelaciones las sustanciarán y fallarán de acuerdo con el procedimiento que actualmente rige para los juicios de cuentas que se ventilan ante la Corte del ramo.

 

CAPÍTULO III

 

Facultades y deberes del Contralor General.

 

Artículo 9. El Contralor General tendrá las facultades y deberes que se expresan en los artículos siguientes:

 

Artículo 10. Llevará las cuentas generales de la Nación, incluyendo las relacionadas con la deuda pública. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 11. El Contralor prescribirá los métodos de contabilidad y la manera de rendir todos los informes financieros de cualquier Ministerio, Dirección, Servicio, Oficina, Sección u otra entidad administrativa del Gobierno. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 12. Prescribirá los procedimientos que han de seguir todos los funcionarios, empleados y agentes encargados del manejo de fondos o propiedades de la Nación, para presentar sus cuentas, formar y confrontar inventarios, así como para todo lo que se refiere a la enajenación de esos fondos o bienes, en cualquiera forma que se haga. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 13. Prescribirá también la forma que deben tener los libros de contabilidad, recibidos, comprobantes y todos los documentos que se refieran al recibo o desembolso de fondos, así como de cualesquiera formularios relacionados con las cuentas de los empleados o agentes de la República. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 14. Exigirá regularmente informes o relaciones diarias, semanales o mensuales de todo empleado del Gobierno, así como cualesquiera informes extraordinarios que se desee obtener. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 15. Hará el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la contabilidad nacional; efectuará la revisión y fenecimiento de las cuentas de todas las personas que manejen caudales del Tesoro Público o bienes nacionales, examinará y revisará todas las deudas y reclamaciones de la clase que fueren, que el Gobierno de la República deba satisfacer en cualquiera de sus ramos, los mismos que los créditos existentes a favor de él. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 16. Pasará, a intervalos convenientes, un aviso oficial por escrito a todo empleado o agente del Gobierno cuyas cuentas hayan sido revisadas, total o parcialmente, en el que expondrá todo saldo a cargo del responsable y las diferencias que resulten de la revisión, por razón de tal cargo o de partidas aplazadas o rechazadas por el mismo Contralor. Tales avisos deberán ser debidamente detallados y expresarán en cada caso el motivo del cargo, del rechazo o del aplazamiento. Cualquier cargo o partida aplazada que no fueren satisfactoriamente explicados por el empleado responsable, dentro del plazo de noventa días, a contar de la fecha de la notificación personal o del depósito en el correo de dicho aviso, se considerará como una partida definitivamente desautorizada, a menos que el mismo Contralor prorrogue dicho plazo por escrito.

 

Artículo 17. Podrá dispensar las faltas o defectos menores que existan en los comprobantes y documentos de las cuentas rendidas, cuando, a su juicio, los intereses del Gobierno lo exijan, siempre que el monto de tales faltas o defectos, imputable a cualquier empleado o agente, no exceda de veinte pesos ($20) moneda legal en un año.

 

Artículo 18. Vigilará y procurará, por los medios adecuados, la recaudación y efectividad de todas las deudas y la restitución de todos los fondos y propiedades que resulten deberse al Gobierno en virtud de la revisión y liquidación de cuentas. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 19. Examinará, contará y verificará el numerario y demás caudales en poder de cada uno de los empleados o agentes del Gobierno encargados del manejo de fondos públicos, cada vez que él lo juzgue necesario.

 

Artículo 20. Revisará y verificará, cada vez que lo juzgue necesario, las cantidades de útiles o materiales en poder de los distintos Ministerios, Seccionales, Oficinas y demás servicios del Gobierno, para lo cual podrá contar tales elementos en los respectivos depósitos.

 

Artículo 21. Revisará y verificará, cada vez que lo juzgue necesario, las cantidades de estampillas postales, de timbre nacional o de consumo, papel sellado u otros valores en poder de los diversos empleados o agentes autorizados por las leyes o por los reglamentos para recibir y expender tales especies.

 

Artículo 22. Examinará y verificará las entradas y licenciamientos, tanto del Ejército como de la Policía Nacional.

 

Artículo 23. Llamará la atención del funcionario administrativo correspondiente hacia cualquier gastos de fondos públicos o uso de propiedades públicas que, a su juicio, sea irregular, innecesario, excesivo o superfluo.

 

Artículo 24. Recibirá del Ministerio de Hacienda todos los bonos y cupones redimidos y pagados, los cuales examinará y se cerciorará de su autenticidad, de que su pago fue debidamente hecho y de que están debidamente cancelados, llevará un estado detallado de ellos y los archivará.

 

Artículo 25. Firmará todos los bonos y otros documentos de la deuda pública emitidos por el Gobierno. Ningún bono u otro documento de deuda pública será válido sin que sea refrendado por el Contralor, o por otro empleado debidamente autorizado por él para hacerlo. (Nota 1: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de agosto de 1933, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXVIII, página 399. Nota 2: Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 9 de agosto de 1924, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo XXXI, página 32.).

 

Artículo 26. Tomará parte en la incineración o destrucción del papel moneda, cédulas y bonos del Gobierno que circulan como moneda, cambiados o amortizados por el mismo Gobierno, como también en la incineración o destrucción que efectúe el Banco de la República de billetes por él emitidos.

 

CAPÍTULO IV

 

Investigaciones.

 

Artículo 27. A solicitud del Presidente de la República, o en virtud de proporción acorde aprobada por ambas Cámaras, el Contralor General practicará exámenes en cualquier Ministerio, Departamento o Sección Administrativa, a fin de informar sobre los métodos empleados para el manejo de los negocios públicos y hacer recomendaciones o sugestiones para la mejora de tales métodos.

 

Artículo 28. A solicitud de un Departamento o Municipio, y con la aprobación del Consejo de Ministros, el Contralor General practicará exámenes y rendirá informes análogos en servicios dependientes de tales entidades. El Gobierno Nacional podrá exigir que el Departamento o Municipio que pida el servicio expresado cubra el costo de él.

 

Artículo 29. El Contralor General, el Auditor General, o cualquier otro funcionario del Departamento de Contraloría, debidamente autorizado para tal efecto por el Contralor General, tendrán auditoria para citar testigos, tomar juramentos y recibir declaraciones en cualquier investigación referente a asuntos que sean de la competencia del Contralor General.

Parágrafo. El Contralor General y los demás funcionarios de que habla este artículo, podrán usar de los apremios fijados en el artículo 334 de la Ley 105 de 1890.

 

Artículo 30. la persona que rinda declaraciones falsas al Contralor General o a cualquier otro funcionario del Departamento de Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será castigada de acuerdo con el Código Penal.

 

Artículo 31. Su resultare de cualquier investigación efectuada por el Contralor General que se ha cometido soborno, cohecho u otro delito semejante, presentará todo lo relacionado con el asunto a la autoridad judicial competente.

 

 

CAPÍTULO V

 

Auditores Seccionales.

 

Artículo 32. El Contralor General organizará las Auditorias Seccionales que el Congreso autorice en los Departamentos, Intendencias y Comisarías de la República. Dichas Auditorias estarán a cargo de Auditores Seccionales, quienes desempeñarán todas las funciones que les asignen el Contralor y los reglamentos del Gobierno.

 

Artículo 33. Son atribuciones de los Auditores Seccionales:

Examinar e inspeccionar las oficinas de toda persona encargada del manejo de caudales o bienes del Gobierno Nacional en la zona que les corresponda; transmitir las órdenes y disposiciones del Contralor a dicha persona, dar instrucciones con respecto a la manera de formular las cuentas e informes, recibir y revisar las cuentas, y dar aviso al Contralor de cualquier fraude que observen en la recaudación de contribuciones o derechos.

 

Artículo 34. Los empleados de las Auditorias del Departamento de Contraloría estarán directamente bajo las órdenes del Auditor Seccional respectivo, y serán nombrados y removidos libremente por el Contralor General.

 

CAPÍTULO VI

 

Empleados de manejo.

 

Artículo 35. Todo empleado o Agente del Gobierno Nacional encargado de recibir o custodiar fondos públicos, o de hacer pagos con ellos, preparará y rendirá al Contralor General, durante los primeros cinco días de cada mes, y por conducto del Auditor Seccional donde exista, la cuenta comprobada de su manejo correspondiente al mes anterior, en la forma que ordene dicho Contralor.

 

Artículo 36. El Contralor general puede prorrogar por escrito el plazo señalado para la presentación de cuentas, toda vez que, en su opinión las conveniencias del servicio lo exijan.

 

Artículo 37. Si las cuentas no fueren presentadas dentro del plazo señalado en esta ley, o dentro del plazo adicional que otorgue el Contralor General, deberá éste solicitar del funcionario a quien corresponda proveer el puesto, la inmediata suspensión del empleado responsable, y dicho funcionario estará en el deber de suspender al empleado mientras se investiga si hubo razón justificativa de tal demora.

 

Artículo 38. Ningún nombramiento de empleados o agentes del Gobierno Nacional encargados del manejo de caudales o bienes públicos será efectivo mientras tal nombramiento no haya sido registrado en el Departamento de Contraloría, salvo el caso de que se trate de un nombramiento de interino en que sea preciso llenar la vacante inmediatamente.

 

Artículo 39. Todo empleado o agente del Gobierno de la República, cuyas atribuciones permitan o exijan la posesión o custodia de caudales o propiedades públicos, será responsable de éstos, y de su custodia, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

 

Artículo 40. Las personas responsables de fondos del Gobierno deberán responder de todas las pérdidas que resulten del depósito, uso o empleo ilegales de los mismos y de todas las pérdidas provenientes de negligencia en la custodia de aquellos.

 

Artículo 41. Todo empleado o agente responsable de propiedades de la Nación deberá responder por su valor en dinero en caso de pérdida de dichas propiedades proveniente de uso impropio o no autorizado de las mismas, hecho por él o por cualquier persona de todo daño o deterioro ocasionado por descuido en la conservación o uso de dicha propiedad, estuviere o no en aquella fecha bajo su custodia personal.

 

Artículo 42. Ningún empleado o agente del Gobierno será relevado de responsabilidad por haber obrado en virtud de orden de un funcionario superior, en el pago, empleo o disposición de los fondos o propiedades de que sea responsable, pero el funcionario que ordene tal pago o empleado ilegal de dichos haberes será responsable en primer término por la pérdida que sufra la Nación.

 

Artículo 43. Ningún empleado o agente del Gobierno encargado del recibo, desembolso o administración de fondos o bienes nacionales, quedará libre de responsabilidad por la pérdida, merma, hurto o depreciación de tales haberes, mientras el Contralor General no lo haya expresamente exonerado de dicho cargo.

 

Artículo 44. Todo Jefe de una oficina pública y todo empleado o agente encargado del manejo de fondos públicos o de la administración de propiedades nacionales, podrá pedir al Contralor General que dicte una decisión por escrito respecto de reserva, como también sobre la aplicación de una renta o la legalidad de una erogación, y sobre la disposición de cualquier propiedad del Gobierno. El Contralor deberá dictar tal decisión.

 

CAPÍTULO VII

 

Recibo de fondos públicos.

 

Artículo 45. Salvo disposición en contrario, de los fondos recaudados oficialmente por cualquier empleado público, a cualquier título y en cualquier ocasión, deberá darse razón como fondos del Gobierno.

 

Artículo 46. Todo empleado o agente del Gobierno que recaude fondos pertenecientes a la Nación, o que hayan sido confiados al cuidado del Gobierno, deberá expedir a la persona o personas de quienes los recaudó un recibo oficial en el que se indiquen la fecha, la cantidad pagada, el nombre y apellido del que paga y la cuenta a que debe aplicarse, pero no será necesario este recibo cuando se trate de los dineros recaudados por razón del expendio de estampillas de timbre nacional, papel sellado, de correos, tiquetes de transportes y otros documentos análogos.

 

CAPÍTULO VIII

 

Desembolso de fondos públicos en la ciudad de Bogotá.

 

Artículo 47. Toda erogación de fondos públicos que se verifique en la ciudad de Bogotá, se hará por medio de órdenes de pago giradas a cargo del Tesorero General de la República y expedidas, bien directamente a la orden del acreedor, bien a la orden de un empleado pagador oficial. Las órdenes de pago que se extiendan directamente a favor de un acreedor del Gobierno deben llevar una inscripción impresa que diga: Orden definitiva, y las que se expidan a favor de un funcionario pagador, una que diga: Anticipo para gastos oficiales. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 2886 de 1981.).

 

Artículo 48. Los pagos a los acreedores se harán únicamente mediante la aprobación de la cuenta o nómina respectiva por el Ministro o Jefe de la oficina correspondiente, o por la persona que esté para ello debidamente autorizada. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 2886 de 1981.).

 

Artículo 49. Ninguna orden será pagada por el Tesoro Nacional, ni anotada como pagadera por un depositario de fondos del Gobierno, ni será válida, mientras no esté refrendada por el Contralor General, o por algún empleado del Departamento de Contraloría, autorizado debidamente para dicho objeto. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 2886 de 1981.).

 

Artículo 50. Las órdenes a cargo del Tesoro de la Nación se expedirán por el Ministro o por el Jefe de la oficina que pueda disponer de la apropiación o del fondo contra el cual dichas órdenes son giradas, o por el subalterno que uno de ellos designe con tal fin. (Nota: Artículo reglamentado por el Decreto 2886 de 1981.).

 

Artículo 51. Los fondos que reciban los funcionarios pagadores por órdenes de anticipos para gastos oficiales, se invertirán según las reglas que prescriba el Contralor General.

 

CAPÍTULO IX

 

Desembolso de fondos públicos fuera de Bogotá.

 

Artículo 52. Todos los pagos, anticipos o traspasos de fondos públicos que hagan los funcionarios o empleados del Gobierno y que deban efectuarse fuera de la ciudad de Bogotá, estarán sujetos a las disposiciones que dicte el Contralor General.

 

CAPÍTULO X

 

Restricciones sobre la celebración de contratos por el Gobierno.

 

Artículo 53. Ningún empleado o agente del Gobierno podrá celebrar contrato o contraer obligación alguna que requiera la erogación de fondos públicos, a menos que haya en el Presupuesto una apropiación para ello, cuyo saldo no gastado, libre de otras obligaciones, sea suficiente para cubrir el gasto proyectado.

 

Artículo 54. Excepto en el caso de un contrato para servicios personales, no podrá celebrarse ni autorizarse ninguno que requiera un gasto de mil pesos ($1.000) moneda legal o más, mientras el Contralor General no haya certificado al funcionario que ha de celebrarlo que se han apropiado debidamente fondos para tal fin, y que la cantidad necesaria para hacer frente al contrato proyectando está disponible. Cuando se solicite del Contralor General el certificado exigido por este artículo, se someterá a éste una copia del contrato o convenio proyectado, acompañado de una declaración por escrito del funcionario que presente la solicitud, declaración en la que se expresarán todas las obligaciones que aún no se han presentado para su revisión, y que hayan de ser cubiertas con la apropiación a que sería imputable el referido contrato. Dicho certificado, una vez firmado por el Contralor General, debe acompañarse al contrato proyectado, del cual formará parte, y la cantidad expresada en el certificado no estará disponible en lo sucesivo para ser gastada de distinta manera, a menos que el Gobierno quede libre de tal contrato.

 

Artículo 55. Todo contrato que fuere celebrado contra los requisitos consignados en el artículo anterior, será absolutamente nulo, y el funcionario que celebrare dicho contrato de cualquier perjuicio consiguiente, de la misma manera que si la operación se hubiera efectuado entre particulares.

 

CAPÍTULO XI

 

Fianzas.

 

Artículo 56. Todo empleado o agente del Gobierno cuyas atribuciones le permitan o exijan el recibo, cuidado o desembolso de fondos públicos, o el recibo, custodia o disposición de propiedades que pertenezcan a la Nación, prestará caución del fiel desempeño de todos los deberes que le impongan las leyes vigentes o que rijan en lo sucesivo, y para responder de que dará fielmente cuenta de todos los fondos y bienes públicos que lleguen a su poder o custodia, o que pueden a su disposición, por apropiaciones, recaudos, traspasos o por cualquier otro motivo, así como también del correcto pago, desembolso, gasto o traspaso de todos aquellos caudales o bienes públicos que estén bajo su poder o custodia, en su carácter de funcionario responsable de fondos y bienes.

 

Artículo 57. El Contralor General deberá fijar el monto de la caución que ha de otorgar cualquier empleado o agente del Gobierno Nacional, y ninguno de los mencionados en el artículo anterior podrá eximirse del requisito de prestar la caución que fije el Contralor, en tanto que la caución no haya sido otorgada y aceptada, el empleo de que se trata no podrá hacerse cargo del puesto, ni recibir fondos o bienes en su carácter de agente del Gobierno Nacional. La garantía puede consistir en el depósito de la suma correspondiente en efectivo, en bonos de la deuda pública, o bien en un documento de fianza, el cual deberá ser examinado por el Contralor General en lo que se refiere a su forma, legalidad u solvencia del fiador, y sanidad y valor de la finca hipotecada, y no será aceptado por el Gobierno hasta que el Contralor lo haya aprobado; una vez aprobado, será registrado y archivado en la oficina de éste. En caso de pérdida imputable al responsable, corresponderá al Contralor proceder a hacer efectiva la caución para el pago de tal pérdida.

 

CAPÍTULO XII

 

Penas.

 

Artículo 58. Todo empleado y agente del Gobierno, sea que esté en ejercicio de sus funciones o que se haya separado de su cargo por dimisión u otra causa, y que deba, de acuerdo con las disposiciones de leyes o reglamentos, rendir cuentas al Contralor General o a un Auditor Seccional, si no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al último día del período a que ellas correspondan, será castigado con una multa no mayor de tres mil pesos ($3.000), o con arresto por un término no mayor de dos años.

 

Artículo 59. Cualquier funcionario que incurra en alzamiento, malversación de los caudales o bienes públicos de que sea responsable, o que sustraiga o malgaste los mismos, o alguna parte de ellos, o que por su abandono, falta o descuido, permita a otra persona sustraer, malversar o usar personalmente delos mismos, será castigado de acuerdo con las disposiciones correspondientes del Código Penal.

 

Artículo 60. Cuando un empleado no presentare cumplidamente, al ser requerido por el funcionario autorizado para la inspección y revisión de la oficina, cualesquiera fondos de que esté encargado, este hecho será grave presunción, para los efectos de esta ley, de que tales fondos han sido sustraídos por dicho empleado o agente para aplicarlos a fines personales.

 

CAPÍTULO XIII

 

Informes mensuales que debe rendir el Contralor General.

 

Artículo 61. El Contralor General deberá, tan pronto como le sea posible, después del fin de cada mes, preparar y someter al Presidente de la República una exposición relativa a las operaciones fiscales del mes anterior, que debe contener:

 

a) Un balance del activo y pasivo de la Hacienda Nacional.

b) Relación de las operaciones efectuadas.

c) Relación de rentas devengadas.

d) Estado de erogaciones.

e) Estado de caja.

f) Relación compendiada del estado de las apropiaciones.

g) Relación detallada del estado de apropiaciones.

 

Artículo 62. El Balance comprenderá el activo, pasivo y reservas según las cuentas del libro mayor.

 

Artículo 63. La relación de las operaciones efectuadas comprenderá la siguiente información:

 

a) El monto de rentas devengadas, clasificadas según el Presupuesto.

b) El monto de gastos ordinarios, clasificados según los principales ramos o servicios del Gobierno.

c) El excedente de las rentas sobre los gastos de administración, o bien el excedente de dichos gastos sobre las rentas.

d) La suma invertida en el pago de intereses de la deuda pública.

e) Las erogaciones para la adquisición de propiedades, clasificadas de acuerdo con los principales ramos o servicios del Gobierno.

f) El monto de lo gastado en la amortización de la deuda pública, clasificado según las diversas emisiones de bonos.

g) El sobrante o déficit que resulte de la confrontación del total de rentas con el total de egresos.

 

Artículo 64. La relación de rentas devengadas expresará el monto de rentas clasificadas de acuerdo con el Presupuesto. El total debe estar de acuerdo con el monto total de las rentas que aparezca en la relación de operaciones.

 

Artículo 65. El estado de erogaciones mostrará las cantidades gastadas en cada ramo o servicio del Gobierno, subclasificadas de acuerdo con el Presupuesto, y el total debe concordar con el monto de egresos en la relación de operaciones.

 

Artículo 66. El estado de caja expresará el saldo en efectivo existente el último día del mes anterior, las recaudaciones durante el mes, los egresos durante el mes y el saldo en efectivo el último día del mes.

 

Artículo 67. La relación compendiada del estado de las apropiaciones debe contener la siguiente información:

 

a) El monto calculado de rentas del Presupuesto no recaudadas.

b) El saldo efectivo disponible.

c) el saldo de apropiaciones no gastadas.

d) El superávit o el déficit.

 

Artículo 68. La relación detallada del estado de apropiaciones comprenderá, respecto de cada apropiación vigente, los datos siguientes:

 

a) Artículo del Presupuesto.

b) Título.

c) Cantidad apropiada en el Presupuesto anual.

d) Adiciones o deducciones.

e) Total.

f) Cantidad gastada hasta el principio del mes.

g) Cantidad gastada durante el mes.

h) Saldo no gastado al fin de mes.

i) Monto de compromisos pendientes.

j) Saldo no comprometido al fin de mes.

 

 

CAPÍTULO XIV

 

Informe anual que debe rendir el Contralor General.

 

Artículo 69. El Contralor deberá rendir un informe anual, a más tardar el 31 de mayo de cada año, al Presidente de la República, sobre la situación de las finanzas públicas nacionales durante el año fiscal anterior, informe que será impreso y remitido al Congreso. Este informe contendrá:

 

a) Los comentarios y recomendaciones que el Contralor juzgue conveniente hacer con respecto a las fianzas públicas.

b) Un balance del activo y del pasivo de la Hacienda Nacional en 31 de diciembre anterior.

c) Una relación de operaciones efectuadas en el año fiscal anterior.

d) Un estado de ingresos y de egresos durante el año.

e) Una relación detallada de las rentas devengadas en el año fiscal anterior.

f) Una relación detallada de las erogaciones efectuadas durante el año fiscal anterior.

g) Una relación detallada de los saldos existentes y delas transacciones verificadas en el año anterior por cuenta de la deuda pública.

h) Una relación pormenorizada de los préstamos a favor del Gobierno al cerrar sus operaciones el 31 de diciembre anterior.

i) Una relación pormenorizada de los préstamos a favor del Gobierno al cerrar sus operaciones el 31 de diciembre anterior.

j) Un inventario de todos los bienes nacionales.

 

CAPÍTULO XV

 

Disposiciones generales.

 

Artículo 70. El Contralor General está facultado para comunicarse directamente con cualquier Ministerio u oficina independiente, o con cualquier empleado, agente o persona que tenga negocios oficiales con su departamento, o que le haya presentado una reclamación.

 

Artículo 71. El Contralor puede transferir, en cualquier época del año para el cual una partida haya sido apropiada, todo saldo sobrante de dicha partida a la cuenta de sobrantes, cuando el funcionario que tenga el control administrativo del asunto certifique al Contralor que existe un saldo superior a las necesidades, o que la obra a que se destinó la partida se ha terminado o ha sido aplazada indefinidamente, y que no existen obligaciones pendientes por pagar con aquella partida.

 

Artículo 72. Todas las deudas a favor del Gobierno devengarán intereses del doce por ciento (12%) anual, a contar dela fecha en que sean exigidas por el Contralor.

 

Artículo 73. La Corte de Cuentas, la Dirección General de la Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadísticas y la Oficina Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro quedan incorporadas en el Departamento de Contraloría, y en consecuencia todos los empleados, libros, constancias, documentos, papeles, mobiliarios y otros objetos pertenecientes a dichas Oficinas serán trasladados al Departamento de Contraloría. Los referidos empleados quedarán sujetos a lo que se dispone en el artículo 5 de esta Ley; y mientras se expide la que fije el número y asignaciones, los actuales continuarán devengando las asignaciones de que hoy disfrutan.

 

Artículo 74. Las labores relacionadas con la revisión y liquidación de las cuentas de las oficinas recaudadoras o pagadoras, así como todos los empleados que se dediquen a tales labores en la Tesorería General de la República, en las Administraciones de Aduanas o Salinas, Correos y Telégrafos, en las Oficinas de Timbre y en las Casas de Moneda, así como también en cualquier otra oficina del Gobierno, dependerán en lo sucesivo del Departamento de Contraloría, al cual se trasladan.

 

Artículo 75. Tan pronto como el Contralor General haya sido nombrando y entre en ejercicio de su cargo, expedirá los reglamentos necesarios para la organización de su Departamento y para la liquidación, ejecución y verificación del Presupuesto.

 

Artículo 76. El Contralor General deberá expedir también los reglamentos necesarios para el examen y fenecimiento de las cuentas que estén en curso o cuyo examen esté pendiente en la Corte de Cuentas al tiempo que esta Ley entre en vigencia.

 

Artículo 77. Todas las circulares y disposiciones dictadas por los Ministros continuarán en vigor para su aplicación por el Departamento de Contraloría, en lo que no se oponga a esta Ley.

 

Artículo 78. El Contralor General o quien ejerza el cargo, serán responsables del delito que define el artículo 521 del Código Penal, cuando por su causa se hiciere un desembolso ilegal, así como también serán responsables de todos los actos que ejecuten en desobedecimiento a los deberes que la presente Ley les impone, y deberán responder del valor de toda erogación indebida por actos u omisiones de tales empleados. De estos juicios conocerá la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo 79. Facúltese al Gobierno para que, si lo estima necesario, contrate los servicios de un experto que sirva de asesor para la organización y funcionamiento de la Oficina de Contraloría.

 

Artículo 80. El Contralor General estudiará, observará o fenecerá las cuentas de los responsables del Erario en un término que no excederá a noventa (90) días.

 

Artículo 81. Quedan derogados los artículos 237 a 439, inclusive, del Código Fiscal, y cualesquiera otras disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.

 

Artículo 82. Esta Ley regirá desde el 1 de septiembre de 1923.

 

Dada en Bogotá a catorce de julio de mil novecientos veintitrés.

 

El Presidente del Senado, LUIS DE GREIFF- El Presidente de la Cámara de Representantes, IGNACIO MORENO E.- El Secretario del Senado, Julio D. Portocarrero- El Secretario de la Cámara de Representantes, Fernando Restrepo Briceño.

 

 

Poder Ejecutivo- Bogotá, julio 19 de 1923.

 

Publíquese y ejecútese.

 

PEDRO NEL OSPINA

 

El Ministro del Tesoro,

 

Gabriel Posada